La suspensión condicional del procedimiento requerida por la Fiscalía para varios de los procesados por megaevasión con celulares sería irregular. La petición ya cuenta con trámite de oposición de parte del juzgado y ahora está en estudio en la Fiscalía General.
El requerimiento conclusivo planteado por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera para las quince personas procesadas como derivación del Operativo Llamada -que consistió en 15 allanamientos simultáneos en Ciudad del Este y Asunción realizados en julio del año pasado- es como mínimo llamativo.
La Fiscalía acusó a uno de los procesados por producción de documentos no auténticos -Carlos Gustavo O’Higgins, accionista y presidente de F. G. Trading SA-, requirió sobreseimiento definitivo para uno, sobreseimiento provisional para seis y suspensión condicional para el procedimiento por evasión de impuestos y asociación criminal para siete.
Este último requerimiento beneficiaría a Liz Paola Doldán, Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio Vera Melgarejo. Todos son representantes y socios de las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, que evadieron impuestos entre 2017 y 2019 por G. 61.808.381, G. 4.633.636.582 y G. 690.298.472, respectivamente.
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