El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se presentará hoy ante el Congreso para su segundo juicio político en menos de dos meses, con una opción bastante plausible de salir de allí despojado de su mandato que debería acabar en 2021.
De momento, los mensajes lanzados por diferentes sectores hablan de que el presidente, acusado por los congresistas de “incapacidad moral permanente” por supuestos actos de corrupción cometidos cuando era gobernador de la sureña provincia de Moquegua (2011-2016), se salvaría por escaso margen de la destitución.
Para ser “vacado”, el término legal peruano para este proceso, la propuesta lanzada por el opositor partido Unión Por el Perú (UPP), pero respaldada de un modo u otro por representantes de casi todas las bancadas, debe alcanzar una mayoría cualificada de 87 votos sobre 130 diputados del Congreso.
Sin embargo, la situación no es para nada clara y persisten muchísimos interrogantes sobre qué podrá suceder finalmente en el Congreso, que dependerá, y mucho, de la postura individual de los diputados.
Este segundo pedido de destitución responde a la denuncia de que Vizcarra recibió presuntamente pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas en Moquegua, de acuerdo a las declaraciones de varios aspirantes a delación premiada.
Los testigos, cuya declaración aún no fue corroborada, ni aceptada como válida por la Justicia, acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del denominado "club de la construcción " , la supuesta asociación ilícita de varias empresas de infraestructuras peruanas para repartirse licitaciones públicas a cambio del pago de sobornos.
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