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La Cámara Baja aprobó por mayoría la creación de juzgados de primera instancia y Defensoría Pública en la ciudad de Juan Eulogio Estigarribia (Caaguazú). Los opositores denunciaron que en el legajo no constaba el aval de la Corte ni de la Defensoría Pública y mucho menos algún presupuesto.

La diputada Jazmín Narváez (ANR, Añetete) conversa con sus colegas sin tapabocas.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana (ANR, cartista) defendió el dictamen en mayoría de la comisión a favor del proyecto de ley presentado por el diputado de Caaguazú, Édgar Espínola Guerrero (ANR, Añetete).

Maidana indicó que la creación de los juzgados tuvo el aval del titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y del ministro superintendente de la circunscripción judicial de Caaguazú, Antonio Fretes. Sin embargo, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) denunció que en un dictamen en minoría de Constitucionales se opusieron a la aprobación del proyecto porque no se había realizado un pedido oficial a la Corte Suprema de Justicia y a la Defensoría Pública.

Vallejo mencionó que en el proyecto de ley se establecen cargos para jueces y defensores públicos. Añadió que tampoco se realizó una consulta de si el proyecto irá acompañado de un respaldo presupuestario. La legisladora opositora de Central pidió el aplazamiento sin éxito.

Por su parte, el diputado Espínola, autor del proyecto de ley, habló de las bondades de la norma y que de aplicarse la ley beneficiará a seis comunidades del departamento de Caaguazú que rodean a la ciudad de Juan Eulogio Estigarribia.

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