Para el Colegio de Abogados del Paraguay, la suspensión aplicada a la diputada Celeste Amarilla (PLRA) fue un acto “arbitrario, inconstitucional y peligroso”. Así dice ese gremio, presidido por Rubén Galeano, en un comunicado. Afirma que dicha sanción atenta directamente contra una de las libertades más fundamentales de todo régimen democrático: la libertad de expresión.
“La libertad de expresión, en todas sus formas, debe ser protegida. Constituye uno de los pilares que sostiene toda democracia constitucional. Por definición, un gobernante demócrata tiene oposición política, es controlado por los medios de comunicación, recibe críticas de sus opositores y es supervisado constantemente por la sociedad civil. Las voces críticas expresadas por los ciudadanos desde cualquier ámbito y por cualquier medio merecen especial protección, sobre todo cuando el mensaje va dirigido a la clase política”, manifiesta.
El texto resalta que si se desea fortalecer la institucionalidad y la democracia, el intercambio de voces entre los parlamentarios es esencial, aunque se trate de cuestionamientos. Añade que es inconcebible que la clase política dominante cercene libertades fundamentales del sistema democrático para acallar las críticas.
“De allí que resulte reprochable la posición asumida por un grupo de diputados que, aprovechando una mayoría coyuntural, resolvió dar un golpe artero a una de las principales conquistas democráticas como lo es la libertad de expresar ideas, opiniones o posiciones”, agrega el comunicado.
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