En un claro atropello a la institucionalidad, hace tres meses un grupo de diputados colorados y dos liberales intentaron por nota impedir que la Corte libere las declaraciones juradas de autoridades y exautoridades.
El miércoles último, a este grupo de 18 diputados “apretadores” y a la mayoría de 47 diputados, entre ellos cartistas, abdistas y ocho liberales, no les importó el apriete a la Corte para suspender por dos meses sin goce de dieta a la diputada Celeste Amarilla (PLRA) por “inconducta”. Sin embargo, los 18 diputados se exponían a 10 años de cárcel, conducta que puede catalogarse como uso indebido de influencias o tentativa de uso indebido de influencias.
Así también, a perder la investidura, prevista en el artículo 201 de la Constitución Nacional que establece como una de las causales el “uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.
A esto se suma el atropello al artículo 248 de la Constitución Nacional que garantiza la independencia del Poder Judicial, que dispone que en ningún caso los miembros de otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución (...) ni intervenir de cualquier modo en los juicios".
Así también, establece que quienes atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer la función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley.
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