El titular de DNCP afirma que el aumento del 20% al 40% en el margen de preferencia a industrias locales en compras públicas podría ser una ventaja abusiva, ya que obligará al Estado a comprar pese a ser más caro, más aún si el oferente conoce el precio de los productos importados.
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, informó ayer que trabaja en una reglamentación que regule el margen de preferencia de industrias locales, que ahora pasó de 20% al 40%, luego de la reciente ratificación del Congreso de su apoyo a la iniciativa materializada con el rechazo al veto presidencial a la propuesta. El espíritu de la normativa es apoyar a la producción y empleo nacional, frente a productos importados de países con otros incentivos y más industrializados, aunque desde diferentes sectores sostienen que no hay datos objetivos que indiquen que con esto se generará más empleo y que más bien, se trata de una medida proteccionista.
Los parlamentarios aumentaron al doble el porcentaje de la ventaja en el precio de los productos importados (la Ley Nº 4.558 establecía 20%), que se aplica a aquellos oferentes que cuenten con el certificado de origen y empleo nacional emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Pero Seitz expresó que se podría dar una “guerra de papeles”, puesto que las grandes constructoras –que manejan millonarios recursos del Estado por las obras públicas– cuentan con el certificado del MIC.
Otra situación particular que se podría plantear es cuando existen pocos oferentes y, a modo de ejemplo, comentó el caso de los papeles. “Existe un fabricante local y pocos importadores, y como se trata de un producto específico, que ya se conoce su precio y hay pocos oferentes, podría tentar al productor nacional a aprovechar la ventaja que otorga esta ley”, explicó. Recordó que la normativa obliga al Estado a comprar de la industria nacional, pagando hasta 40% más caro del valor de los importados.
Se prevé que la ventaja del 40% se aplique “a rajatabla”, pues rige en todas las modalidades de compras, exceptuando la licitación internacional. “Lo ideal es que se defina la diferencia de costos de los productos y se otorgue ese monto de ventaja, analizando caso por caso”, opinó Seitz.
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