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 El ministro de Urbanismo, Dany Durand, evitó responder ayer al ser consultado acerca del hecho de que menos de 70 empresas constructoras son las adjudicadas para edificar las viviendas sociales del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis). El dato fue descubierto luego de un análisis del informe proporcionado en el expediente N° 32.734 de Acceso a la Información Pública (AIP).

Para la construcción de viviendas sociales, las  constructoras no se someten a  control ciudadano alguno, pese a que reciben recursos obtenidos de  impuestos de  contribuyentes de todo el país.

Durand dio declaraciones en medios radiales, en las cuales destacó la importancia del programa, sin aclarar respecto a la falta de transparencia y la libre participación de empresas.

En un ranking de las constructoras, de elaboración propia, se constató que hay “favoritas” en los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), que seleccionan a aquellas que concretarán las obras. Para estar entre las beneficiadas, las firmas deben aprobar los requisitos para figurar en la lista de elegibles, no es resultado de una competencia ni existe control ciudadano de libre acceso que las califique para recibir dinero generado en el pago de impuestos.

En dos años de gestión, Durand dispuso de G. 669.821 millones (US$ 96,7 millones al cambio actual). Ahora se prepara para administrar US$ 47 millones de ser aprobados en el Congreso los recursos para la reactivación económica.

Representantes de gremios de la construcción cuestionaron que el programa no permite libre participación, sobre todo en estos momentos de crisis.

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