Hasta hoy 31 de julio se podrán registrar sin multas los beneficiarios finales, es decir, las empresas y organizaciones civiles que están obligadas por la ley 6.446/19 que fue reglamentada a comienzo de este año. La no comunicación en plazo expone a multas administrativas que rondan G. 8.500.000. El registro es exigencia del Gafi contra el lavado de dinero.
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, informó que hasta el momento recibieron unos 40.000 registros a pesar de las dificultades y en medio de la pandemia. No obstante, aún hay miles de organizaciones que aún no pudieron gestionar el procedimiento.