Oficialmente “por falta de pruebas”. Pero los denunciantes insisten en que “dentro de la facultad hay una suerte de protección”.
Casi la mitad de los investigados por corrupción en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) fueron sobreseídos en los sumarios abiertos, tras la revuelta de #UNAnotecalles.
Otros fueron “separados” de la investigación al acogerse a la jubilación; como fue el caso de Aníbal Peris y Luis Bogado Yinde, ex decano y vicedecano, respectivamente.
En tanto que, los casos más polémicos, están paralizados en el Tribunal en lo Contencioso Administrativo ante medidas cautelares obtenidas por algunos investigados.
Aun así, los jueces instructores “no hallaron evidencias” que ameriten una sanción a los sumariados. Esto, conforme se observan en los resultados sumariales de primera etapa, a cargo del Dr. César Guerrero Medina; como en la segunda, la llevada adelante por una terna de abogados integrada por Marcelo Pineda, Guillermo Weiler y María Lorena Segovia.
Ese tribunal se conformó a instancias de los representantes de egresados no docentes y estudiantes, quienes requirieron –como condición para levantar la huelga en 2016– la apertura de un sumario contra una veintena de personas, entre funcionarios y docentes de la institución (ver infografía).
“Dentro de los sumarios no pudo ser probado nada. Las pruebas que existían y las que fueron producidas por los jueces no arrojaron causal suficiente como para decir: Esta persona es responsable de esto, por tanto corresponde esta sanción”, indicó Jorge Naville, asesor jurídico de la FCM.
En marzo de 2016, cuando acabó el primer sumario, ordenado por el entonces interventor César Duarte, los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola, junto a otros acudieron al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, del Poder Judicial.
“Judicializaron y dentro de ese proceso obtuvieron medidas cautelares que trancaron los sumarios administrativos, impidieron la prosecución de esos sumarios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el tribunal. Eso sigue en esa situación”, indicó al señalar que la FCM-UNA apeló a dicha resolución judicial.
impotencia. “Ni una sola denuncia presentamos sin que realmente sea factible de que se demuestre”, afirmó Gloria Díaz de Cho, secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Clínicas (Aso-Clínicas).
De la página web de la Función Pública, imprimieron la carga horaria “para mostrar que había gente con multirrubros que eran imposible de cumplir”, refirió.
Pusieron en manos de los jueces sumariantes, datos que demostraban que en algunos casos “tenían que trabajar 26 horas del día para poder cumplir con su horario”, señaló.
Admite que “es frustrante” no lograr resultados, pero seguirán luchando por la transparencia dentro de la FCM.
“Lo que queremos es que concluyan esos sumarios, porque esa gente sigue cobrando sumas grandes desde el 2015 sin tener una función determinada”, manifestó.
Fustiga los dichos del decano Laurentino Barrios, sobre que el reclamo de ellos es “una pelea entre sindicatos”.
“No somos un sindicato, somos una asociación que busca que se hagan bien las cosas. Nos limitamos a denunciar y a presionar para que se haga justicia al menos dentro de la facultad”, concluyó.
